«España y las personas sin hogar: un ejemplo de práctica anticonstitucional»

denuncia social, España y las personas sin hogar: un ejemplo de práctica anticonstitucional

La evidencia es clara. Estamos ante un panorama de crisis a nivel nacional, europeo e internacional. Una crisis política, económica y social que nos atañe a todos/as y cada uno/a de nosotros/as. Tal vez haya quienes piensen que esta coyuntura no les afecta e incluso no sienten limitación alguna en su hacer cotidiano, en su rutina diaria. Sin embargo, sucede algo que en ocasiones olvidamos y es que, todos/as formamos parte de lo mismo, convivimos en un lugar común. Si el sufrimiento impera como norma general, todos/as indirectamente, incluso aquellos/ as que se creen inmunes, sufrimos las consecuencias. Y si no, de qué sirve creerse pleno/a cuando el dolor ajeno está tan cerca de uno/a.

Los últimos datos arrojados muestran como España encabeza las mayores tasas de pobreza respecto a otros países de la Unión Europea, para ser exactos del 22,2 %. Nuestra cifra de desempleo asciende a 4.791.000 personas, alcanzando una tasa de desempleo del 20 %, cifra que se ha mantenido a lo largo de los último 6 años. Son 40.000 personas sin hogar las registradas en nuestro país, teniendo en cuenta el enorme impacto de los desahucios, desahucios que como sabemos, han dejado a personas y familias enteras en situación de calle, desprovistas de toda esperanza, de toda calidez y amparo. Sólo en el 2015 hubieron 68.135 ejecuciones hipotecarias.

Si nos centramos en esta última cuestión sobre los masivos deshaucios y por ende, sobre el auge de personas sin hogar, resulta relevante explicitar la paradoja social ante la que nos encontramos. Es bien sabido que el grado de vulnerabilidad y exclusión social es consecuencia directa del contexto socioeconómico y político de cada sociedad. Esto significa que, dependiendo de las propias actuaciones sociales y medidas de protección social, tendremos una sociedad más o menos vulnerable en términos sociales. Sin embargo, lo paradójico de nuestra sociedad es que en la Constitución Española, concretamente en el Artículo 37, se contempla el derecho a la vivienda como un derecho universal, un derecho común a todos/as. Concretamente el artículo establece que:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

Así, la existencia de este derecho pone de manifiesto el supuesto deseo por evitar problemáticas sociales como es, la carencia de un hogar. Pero sucede que, al analizar nuestra realidad actual, nuestra sociedad presente, vemos como este derecho Constitucional decae, no se materializa en términos reales. No es necesario ser expertos/as en la materia para darnos cuenta de la práctica anticonstitucional frente a la que nos encontramos. Una situación anticonstitucional, dado que camina hacia un horizonte opuesto al que la Constitución recoge. Lo llamativo de esta cuestión no es únicamente la alusión a los deshaucios y al incremento de personas sin hogar como manifestación clara de esta práctica anticonstitucional, sino la forma, los mecanismos implícitos que hay detrás de este hacer incongruente.

En el año 2006, Millon Kothari (relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada) elaboró, tras su a vista España, un informe en el que dejaba clara constancia de que en nuestro país, el derecho a la vivienda había estado sistemáticamente vulnerado con, (y aquí es donde explicita claramente la parte anticonstitucional), la colaboración y convivencia de las administraciones públicas, denunciando contundentemente, la mercantilización extrema a la que se había sometido el parque de vivienda estatal.

Es, en este punto, cuando puede explicitarse lo referente a mecanismos implícitos. La participación y colaboración de las administraciones públicas en la perversión del sistema, supone que estemos ante un escenario impregnado por una vulnerabilidad social atroz, una vulnerabilidad que acaba, en muchos casos, dando paso a situaciones de exclusión social. Esta forma de proceder es la que nos lleva a hablar de la paradoja social existente: por un lado La Constitución Española contempla el derecho a la vivienda como un derecho inviolable, pero por otro lado, es el propio sistema estatal el que participa en el incumplimiento último de este derecho, fomentando prácticas especulativas que ponen trabas al desarrollo de los derechos sociales.

Como sabemos, la especulación del suelo fue una de las causas primordiales de la artimaña entre bancos, el Estado y un sinfín de agentes implicados, en este sentido, la apertura de los créditos bancarios comenzaron a ser seductoras trampas, además del excesivo valor que se le atribuyó a la vivienda como consecuencia de la especulación y recalificación de terrenos. Deteniéndonos en esta incómoda realidad, una realidad que no cesa de existir aunque se intente enmascarar, es necesario aludir a la ineludible responsabilidad que el Estado tiene en estas prácticas. Nos encontramos ya no solo con una situación de falta de implicación estatal para solventar los asuntos sociales sino, que además, estamos ante su participación más que evidente sobre perversiones intermitentes. Es importante recalcar este último aspecto, dado que se suele caer en argumentaciones sobre la falta de protección social a la que estamos expuestos/as en materia de políticas estatales, pero debe evidenciarse también, que un sistema no priorizará en políticas sociales si tiene como fin último la malversación. Es decir, si su foco está puesto en la especulación; en su ímpetu por sacar beneficio de su posición de poder.

Foucault, filósofo francés e incansable estudioso de los mecanismos de poder, muestra como el abuso de poder encubre una serie de prácticas orientadas (entre otras cuestiones) hacia el deseo de control y dominación; una forma de hacer que está presente en las relaciones y desigualdades sociales. Lo cierto es que el ser humano, por su naturaleza humana, está sujeto a carencias, a falta de componentes virtuosos llevando al desarrollo de sistemas de organización y convivencia social desprovistos de toda ética. Las personas con posiciones de poder no debieran caer en tentaciones asociadas con la carencia de una ética que imposibilite el bien común, porque la malignidad intencional de unos/as, recae y tiene consecuencias en el resto.

En nuestro país existe cierta ausencia de consecuencias para quienes abusan de sus posiciones de poder. Parece que nuestro sistema no castiga, no reclama la verdad, sino que a diferencia de ello, existe una continua perversión, tan consolidada y tediosa, que acaba por asfixiar a muchos/as, llegando incluso a abismos ante los que algunos/as no ven otra salida que la de dejarse caer. Un ejemplo evidente de ello, es la forzosa responsabilidad que ahora tenemos los/as ciudadanos/as de asumir la deuda que los propios bancos y agentes implicados crearon, una deuda que en lugar de ser privada en el sentido de acotarse y reducirse a quienes la han creado, pasa a ser un deber de deuda compartida, asumida por cada uno/as de nosotros/as. Una consecuencia que acabamos asumiendo como nuestra, cuando debiera ser para quienes, desde sus posiciones de poder, la generaron.

La posición que desde aquí se toma, como puede intuirse, es más que evidente: queremos que nuestra voz pueda resonar para que pueda producirse el despertar general. Nos preocupa seguir adormecidos y que se asuma como normal el hacer turbio. Creemos que lo tenebroso no tiene que ser un elemento al que nos tengamos que resignar, sino que creemos que las tinieblas impuestas pueden ser transformadas, transmutadas, si se incita a crear un sistema que no proteja a los perversos. Se trata de revertir la lógica hasta ahora creada; sabemos que es costoso pero otros países europeos a diferencia del nuestro, castigan la perversión y corrupción, obligan a sus representantes a que dimitan cuando su hacer va en contra del bien común.

Si nos adentramos aún más en esta cuestión sobre la paradoja social existente, nos damos cuenta de un matiz importante que debiera ser explicitado. Como es bien sabido, al referirnos a una sociedad sabemos que ésta, en si misma, está compuesta por personas. Toda sociedad es el resultado visible de la suma o unión de múltiples personas y más concretamente, es la manifestación de las formas de hacer y de ser de las personas que la componen. De este modo, la organización, el desarrollo, la prosperidad (entendida en términos de igualdad y bienestar) depende única y exclusivamente de la praxis humana, coloquialmente hablando, depende de la mano del hombre.

Las personas, los seres humanos, somos los que generamos efectos alentadores o devastadores en nuestra sociedad. Nuestros actos determinan la sociedad presente, actos que están marcados por nuestras cualidades internas, por nuestros elementos intrínsecos. Así, una persona puede actuar en base a cualidades internas como podrían ser: la agresividad, la competitividad, la avaricia, el amor, la compasión, la honestidad, etc; cada una de naturaleza distinta: destructiva o constructiva. Cualidades que se mueven en post del bien común o por el contrario, caminan hacia panoramas destructivos. Metafóricamente podríamos decir que nuestra sociedad, la construcción continua de la misma, es como una cadena donde los eslabones deben estar unidos entre sí, fuertemente asentados; dirigidos hacia el mismo fin en un intento por evitar roturas y piezas sueltas. Si hay demasiadas roturas la cadena deja de tener forma, deja de tener sentido, acaba por ser un ente incompleto y desarmado. Como puede percibirse, los eslabones estarían representados por las personas que conformamos la sociedad, eslabones que deberían estar unidos a fin de conseguir el bien común, el bienestar, el equilibrio y la armonía.

Sin embargo en nuestra sociedad, como hemos expuesto anteriormente, sucede que este camino común se ve reemplazado por una perversión continua. Una perversión que el hombre protagoniza. Al primar los valores intrínsecos destructivos, la sociedad se desajusta generando un estado de desequilibrio permanente, un escenario de desigualdad y perversión implacable. Esto es lo que sucede, que el deseo de poder, la falta de visión comunitaria, la carencia de compasión, provoca que nuestro sistema se quede en un nivel de crecimiento burdo, vago, desigual.

Resulta relevante explicitar que estas formas de hacer carentes de toda mirada y práctica comunitaria, son el resultado último de la sociedad egoica (exceso de Ego: egoísmo, individualismo) en la que nos encontramos. Vivimos en una sociedad alimentada por un ego infinito, por una mirada individual creyéndonos que la verdadera salida, el verdadero puente hacia un horizonte mejor, es actuar en beneficio propio enmascarando perversiones, fomentando los desequilibrios. Nuestra mirada está puesta en los límites del YO, pero no un YO asociado con la toma de conciencia de uno/a mismo/a, sino con un YO asociado con un individualismo asfixiante, doloroso. Un individualismo que invita, no al crecimiento, sino a la destrucción, a la competitividad, al desarraigo.

Desde una perspectiva espiritual, transcendental o filosófica, puede verse como muchas tradiciones nos hablan de una idea; de una visión sumamente interesante y es que el desarrollo, el crecimiento, sucede cuando nos vaciamos. Cuando nos liberamos de tendencias internas egoicas e individualistas, tendencias que nos esclavizan. La apertura hacia el bien común es el horizonte verdadero, pues sólo dándose a los demás de manera virtuosa y compasiva, es posible avanzar. Ya lo establecía Aristóteles al desvelarnos que uno de los fines últimos del ser humano es el desarrollo de la virtud.

Dependemos los unos de los otros, todos/as formamos parte de lo mismo, por eso, ir en contra del bien común, supone la propia autodestrucción. Tal vez, a simple vista no pueda percibirse, pero lo único cierto es que nuestra sociedad depende de la profunda unión de todos/as nosotros/as. Esto implica por tanto, dejar atrás mecanismos de perversión tremendamente innecesarios. Aunque muchas personas consideren estos mecanismos como heroicidades, en el sentido de creerse seres supremos, superiores por su capacidad para conseguir determinados fines y privilegios, la única verdad aquí es que su hacer imposibilita el avance general, interfiere en el desarrollo y equilibrio global. Pone trabas al potencial humano. Como bien nos reveló Gandhi, «nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible».  

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Alicia A

Como Psicóloga especializada en Investigación e Intervención Psicosocial siento un enorme deseo por promover y favorecer la justicia social, formar parte de la construcción de un modelo social que proteja y ampare, que busque el bienestar común.

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